Delito Continuado

Castigar en la medida considerada adecuada las infracciones penales en los casos de pluralidad de acciones que suponen una pluralidad de delitos, así como las exigencias de buscar un equilibrio entre retribución o castigo al hecho delictivo y, al tiempo, hacerlo de modo proporcionado al caso y a sus circunstancias de todo tipo, se encuentra la figura del delito continuado en el que se trata de combinar tales requerimientos, a fin de no exacerbar las penas.

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Libertad Vigilada

Es una medida de seguridad que el Tribunal impone, y cuyo contenido se concreta en una serie de limitaciones, obligaciones, prohibiciones o reglas de conducta, aplicables separada o conjuntamente, dentro de los márgenes de duración específicos que en su caso prevea la regulación de cada delito del Código Penal, tendentes no sólo a la protección a las víctimas, sino también a la rehabilitación y a la reinserción social del delincuente.

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Tipos de Centros Penitenciarios

La Administración General del Estado cuenta, a finales de 2017, con 69 centros penitenciarios ordinarios, 32 Centros de Inserción Social, tres Unidades de Madres, dos Centros Psiquiátricos Penitenciarios y 13 Unidades Dependientes. Todos ellos conforman un mapa penitenciario moderno y funcional, en el que la prisión se constituye como núcleo urbano autosuficiente.

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El Régimen Penitenciario

Se puede definir el régimen penitenciario como el conjunto de normas reguladoras de la vida en prisión para garantizar unas condiciones mínimas de orden, seguridad y disciplina, y un ambiente adecuado para el éxito del tratamiento (MONTERO, Tomas).

La Ley Orgánica General Penitenciaria no contiene una definición legal del régimen, que sí realiza el Reglamento Penitenciario de 1996 que en su art. 73 establece: “por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento, y la retención y custodia de los reclusos”.

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Certificado acreditativo del silencio administrativo

El certificado acreditativo del silencio administrativo es un documento que certifica la estimación o desestimación de lo solicitado por el interesado ante el vencimiento del plazo máximo para emitir  y notificar la resolución expresa por parte de la Administración Pública.

La  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 21, que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

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