EL TRASLADO INTERNACIONAL DE PERSONAS CONDENADAS

El convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas fue firmado en Estrasburgo. El mismo fue ratificado por España mediante Instrumento de Ratificación de 18 de febrero de 1985.

Considera el Convenio  que el cumplimiento de las condenas en el ámbito territorial y social de origen, es el espacio más adecuado para favorecer la reinserción social de las personas condenadas.

El convenio de Estrasburgo es el instrumento internacional de referencia en materia de traslado de personas condenadas, por lo que el número de países que los habían ratificado a principios de 2010 es de 645.

Son elementos centrales de la puesta en marcha del procedimiento:

  • Colaboración entre los Estados.
  • Solicitud: de cualquiera de los Estados o del el reo a éstos.
  • Acuerdo a tres partes: consentimiento del reo y de cada uno de los Estados.

Circunstancias necesarias para el traslado:

Que exista un acuerdo entre todas las partes, ya que Estados y penado deben estar conformes con el procedimiento de traslado.

Concretamente son las siguientes:

  • El condenado debe ser nacional del país que lo va a recibir.
  • La sentencia debe ser firme.
  • La condena a cumplir en el país receptor deberá durar, al menos, 6 meses.
  • Debe existir consentimiento del reo.
  • Ambos estados (de condena y de cumplimiento) deben estar de acuerdo.
  • Los motivos por los que la persona está condenada, también deben suponer infracción penal en el país de origen donde se vaya a cumplir la condena (estado de cumplimiento).

Obligaciones relativas a la información y documentación.

  • Todas las peticiones y respuestas de los Estados se realizarán por escrito a través de los Ministerios de Justicia.
  • Obligación del Estado de condena de informar sobre los contenidos del convenio a todo recluso al que pudiera ser aplicable, sin que se observe la necesidad de que lo solicite previamente.
  • Una vez que el reo ha solicitado a uno u otro estado el traslado, los Estados deben intercambiar información sobre el recluso, el lugar de cumplimiento de la pena, los motivos que la originan y las características de la condena.
  • El recluso debe estar informado sobre las diferentes gestiones que se vayan sucediendo o las decisiones que tomen los Estados.
  • El Estado de Cumplimiento debe facilitar a la otra parte, en caso de solicitarlo, una declaración que indique que el reo es nacional del otro Estado, copia de las disposiciones legales en las que se basa la condena e indicación del procedimiento a aplicar al penado una vez que llegue a su país de origen (prosecución de la sentencia o conversión de la misma).
  • En caso de solicitud de traslado, el Estado de condena debe facilitar una copia de la sentencia, la información respecto a la parte de la condena cumplida y tiempo de reclusión, la declaración de consentimiento del reo, así como información sobre el estado médico y situación sobre su tratamiento.

Consecuencias del traslado.

El traslado conlleva la suspensión de la ejecución de la pena en el Estado de condena, la cual se dará por terminada en el momento en que así lo determine el Estado de cumplimiento.

Una vez realizado el traslado, el reo quedará bajo la jurisdicción del Estado de acogida y será el único competente para adoptar medidas sobre el mismo, pudiendo darse dos situaciones: continuar la condena impuesta en el país de condena o bien convertir la condena en una decisión del propio Estado que acoge al reo.

En el primer caso (prosecución del cumplimiento), el reo puede continuar la condena inmediatamente, o hacerlo en base a una resolución judicial o administrativa, asumiendo una condena equivalente a los ilícitos que la originan según la normativa vigente en el país de cumplimiento. No obstante, en ningún caso podrá agravarse, bien por su naturaleza o por su duración y no podrá exceder la duración máxima prevista en el Estado de cumplimiento.

En el segundo caso (conversión de la condena), el convenio obliga al Estado a dar por constatados los hechos que figuren en la sentencia implícita o explícitamente, prohibiendo tanto su conversión en una sanción pecuniaria, como el agravamiento de la situación penal del condenado. Esta segunda posibilidad fue objeto de reserva por el Estado Español tal y como se hizo constar en el instrumento de ratificación del convenio.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.