Delito de usurpación de funciones públicas.

Contemplado en el artículo 402 del Código Penal.

“El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”.

Pena: Prisión entre uno y tres años.

La acción típica viene descrita como el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial.

Para la concurrencia del delito se exige un elemento subjetivo en el autor de los hechos que viene representado por la intención de obrar ejerciendo actos propios de una autoridad cuando no lo es, o suplantando o falseando la realidad administrativa que se deriva de la exigencia de un nombramiento ajustado a la normativa funcionarial para poder desarrollar determinadas funciones públicas.

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1.998, han de concurrir, los siguientes requisitos:

    a)El ejercicio del acto propio de una autoridad o funcionario público.

    b)La falta de legitimación.

    c)La atribución de carácter oficial, siendo este elemento el que presta el carácter genuinamente propio de una falsedad personal.

Esta atribución subjetiva es necesario que se exteriorice mediante «actos propios» de una autoridad o funcionario público de tal manera que el engaño que sufre el que se relaciona con el falso funcionario está sustentado sobre la actividad «funcionarial» que efectivamente realiza el sujeto activo de este delito.

Es necesario, que el sujeto activo, en el despliegue de su actividad funcionarial que quiere usurpar, alcance a producir en el sujeto pasivo un engaño suficiente, que le haga creer que está ante la autoridad o funcionario público que se le presenta.

Si no logra engañar o crear en el sujeto pasivo una duda tal sobre si realmente es una autoridad o funcionario público, que haga inoperante el despliegue de esa actividad usurpadora, no podrá decirse que el delito se ha cometido y si la falta de engaño o duda es desde el principio, ni siquiera que se ha intentado, no se dará la figura delictiva objeto de acusación.

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