CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA

Se puede entender por clasificación penitenciaria “el conjuntos de actuaciones de la Administración Penitenciaria sobre un interno que concluye con una resolución que determina el estatus jurídico penitenciario de un interno, susceptible de control jurisdiccional, y que sirve para la necesaria separación y distribución de los internos en Centros penitenciarios, y dentro de cada centro en otro u otro grado o fase, y para adecuar en cada momento la persona y su tratamiento” (Mir Puig, 2011,pp.71).

Además de la separación interior (art. 16 LOGP), tras el ingreso los penados (solo pueden ser clasificados los penados) tendrán que ser clasificados en grados. El art. 72.1 LOGP establece que “Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados, el último de los cuales será el de libertad condicional, conforme determina el Código Penal”. Por su parte el art. 100.1 del Reglamento Penitenciario establece “(…) tras el ingreso los penados deberán ser clasificados en grados. Los grados serán nominados correlativamente, de manera que el primero se corresponda con un régimen en el que las medidas de control y seguridad serán más estrictas, el segundo con el régimen ordinario y el tercero con el régimen abierto”.

LOS GRADOS DE CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA.

Un grado no es lo mismo que un tipo de régimen, se trata más bien de una categoría penitenciaria que lleva aparejado un régimen de vida concreto. Dicho esto, los diversos grados de clasificación que encontramos en el sistema penitenciario español son:

Primer grado

Implica la aplicación de las normas correspondientes al régimen cerrado. Se trata de una clasificación excepcional que ha de durar lo estrictamente necesario.

Se clasifican en primer grado los internos que son calificados de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada (no cuando se trate de meras faltas disciplinarias), teniendo en cuenta: la naturaleza de los delitos cometidos que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial; la comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad cometidos de forma especialmente violenta; pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas; participación activa en motines, plantes, agresiones físicas, amenazas o coacciones; comisiones de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves de manera reiterada; y por último, introducción o posesión de armas de fuego en el centro penitenciario, así como la tenencia de drogas toxicas estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidades importantes, que haga presumir su destino al tráfico. (Art. 102.5 RP)

Todos estos factores han de ser ponderados y valorados, no son de aplicación automática. Y la aplicación del régimen cerrado no es una sanción. Su objetivo ha de ser, obtener en el menor tiempo posible, la reincorporación del interno al régimen ordinario. De ahí que los principios generales y básicos que han de inspirar la aplicación del régimen cerrado sean los siguientes:

  • Carácter excepcional. Implica que debe ser entendido como la última solución, cuando no existan otros mecanismos disponibles, dado que se trata de un régimen de vida que intensifica la desocialización y dificulta la reintegración y la reinserción del interno.
  • Transitoriedad. El tiempo que el interno esté en régimen cerrado ha de ser el imprescindible para reconducir sus conductas y actitudes hacia el régimen ordinario, de ahí que resulte imprescindible la intervención activa, intensa y dinámica con este grupo de internos.
  • Subsidiariedad. Su aplicación exige descartar las patologías psiquiátricas graves descompensadas que hayan de ser abordadas de forma especializada, lo que implica en todos los casos un análisis diagnóstico de personalidad a realizar por el psicólogo y un informe médico que aborde los aspectos vinculados a la salud mental.

El tratamiento de estos internos clasificados en primer grado ha de ir dirigido a aprender a vivir en libertad sin cometer delitos, a llevar una convivencia normalizada y adaptada al régimen ordinario (Leganés Gómez, 2005 pp. 51).

Segundo grado

Se clasifica es este grado, por regla general, a la mayoría de los penados al inicio del cumplimiento de su condena. Implica la aplicación de las normas correspondientes al régimen ordinario de los establecimientos (también a los penados aún sin clasificar y los preventivos al no ser clasificados se les aplica el régimen ordinario).

Serán clasificados en segundo grado los penados en quien concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad.

Tercer grado

No es un beneficio penitenciario. Implica la aplicación de las normas correspondientes al régimen abierto en cualquiera de sus modalidades.

La clasificación en tercer grado se aplica a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo régimen de semilibertad. Para su adopción se ha de cumplir con el periodo de seguridad (art. 36 CP) y con la responsabilidad civil (art. 72.5 y 6 LOGP).

La clasificación o progresión al 3º grado de tratamiento requerirá, además de los requisitos previstos por el Código Penal, (Ver arts. 36, 78 bis y 92 CP) que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos… (72.5 LOGP)

La clasificación o progresión al 3º grado de tratamiento penitenciario de personas condenadas por delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal o cometidos en el seno de organizaciones criminales, requerirá además de los requisitos previstos por el Código Penal y la satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros en los términos del apartado anterior, que muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades,… (72.6 LOGP)

Para que un interno que no tenga extinguida la cuarta parte de la condena o condenas pueda ser propuesto para tercer grado, tiene que haber transcurrido el tiempo de estudio suficiente para obtener un adecuado conocimiento del mismo y concurrir, favorablemente calificadas, las variables intervinientes en el proceso de clasificación penitenciaria, valorando en especial el historial delictivo del sujeto y su integración social.

Por último, señalar que en todo caso, el tribunal o el juez de vigilancia penitenciaria, según corresponda, podrá acordar, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad. (art. 36.3 CP)

Cuarto grado

Se refiere a la libertad condicional propiamente dicha. Para su adopción deben cumplirse una serie de requisitos en los penados:

  1. Que se encuentren en el tercer grado de tratamiento penitenciario.
  2. Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta (excepcionalmente, puede adelantarse a las 2/3 partes, adelantamiento cualificado o ½ de su condena para primarios).
  3. Que hayan observado buena conducta y exista respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.

Asimismo se ha de tener satisfecha la responsabilidad civil.

En el caso de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo VII del título XXII del libro II de este Código, o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades (art. 90 CP).

 

 

 

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