TRASLADOS (II)

DESPLAZAMIENTOS Y CONDUCCIONES DE DETENIDOS Y PRESOS

Obedecen a diferentes supuestos (art. 33 R.P.):

Salidas para la práctica de diligencias o celebración de juicio oral DENTRO DE LA MISMA PROVINCIA O LOCALIDAD.

El procedimiento es el siguiente:

  • Orden previa de la autoridad judicial o gubernativa dirigida al Director del Establecimiento Penitenciario, con una antelación mínima de treinta días.
  • El Director del Establecimiento recabará la conducción del órgano competente, entendiéndose por tal al responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenga atribuido este cometido o, en su caso, de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas.
  • Realización del desplazamiento.
  • Celebrado el juicio o la diligencia judicial, retorno al Centro Penitenciario de procedencia.

Salidas para ingreso en otro Centro Penitenciario con el fin de asistir a la práctica de diligencias o la celebración de juicio oral EN OTRA PROVINCIA.

El procedimiento es el siguiente:

  • Las autoridades judiciales o gubernativas recabarán del SGIP, con una antelación mínima de treinta días, la oportuna conducción.
  • Recibida la comunicación, la SGIP recabará la realización de la conducción del órgano correspondiente.
  • Traslado del interno al Centro Penitenciario más próximo al lugar de la práctica de la diligencia judicial o celebración del juicio oral.
  • Retorno al Centro Penitenciario de origen. Una vez asistido al juicio o celebrada la diligencia judicial, el Director del establecimiento propondrá el traslado del interno al lugar de procedencia, salvo que tuviese conocimiento de la existencia de otros señalamientos pendientes o fuese preceptiva su clasificación siendo previsible su destino al propio centro.

Desplazamientos a hospitales NO penitenciarios (Art. 35 y 218 R.P.)

El procedimiento a seguir consta de los trámites siguientes:

  • Salida para consulta o ingreso. La salida de internos para consulta o ingreso, en su caso, en centros hospitalarios no penitenciarios será acordada por la SGIP.
  • Acordada la conducción, el Director del establecimiento solicitará al Delegado o Subdelegado del Gobierno o, en su caso, órgano autonómico competente, la fuerza pública que deba realizar la conducción y encargarse de la posterior custodia del interno en el centro hospitalario no penitenciario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 155.4 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero con respecto a los permisos extraordinarios para consulta ambulatoria de penados clasificados en segundo y tercer grado.
  • Casos urgentes. En caso de urgencia, según dictamen médico, el Director del establecimiento Penitenciario procederá a ordenar la conducción e ingreso en el centro hospitalario, dando cuenta seguidamente a la SGIP.

Traslados de detenidos y presos POR OTROS MOTIVOS.

  • El traslado de detenidos y presos por motivos distintos a los previstos en los arts. 33 y 35 del R.P. (motivos de seguridad personal o por razón de aplicación del régimen del art. 10 L.O.G.P. -arts. 97.3 del R.P.-), será acordado por la SGIP a propuesta de las Juntas de Tratamiento y se notificará al Juzgado de Vigilancia y la Autoridad judicial de que dependa el interno.

TRASLADOS Y CONDUCCIONES DE PENADOS. (Arts. 31 y 34 R.P.)

 Para práctica de diligencias o para la asistencia a juicio oral.

Cabe distinguir dos supuestos:

  • Que el penado se encuentre, además de por la causa que cumple condena, a disposición de otra autoridad judicial en calidad de detenido o preso. En este supuesto rigen las mismas normas que para los desplazamientos de detenidos y presos.
  • Que el penado que deba asistir a la práctica de diligencias no esté a disposición de la autoridad judicial que interesa el desplazamiento. En este caso se seguirán los mismos trámites y la Dirección del Establecimiento pondrá el hecho en conocimiento del Juez de Vigilancia.

Regla especial: La SGIP puede autorizar que los penados clasificados en tercer grado y segundo grado que disfruten de permisos ordinarios, realicen los desplazamientos por sus propios medios sin vigilancia.

Cuando se trate de comparecencias ante órganos judiciales, se recabará la autorización del Juzgado o Tribunal requirente. En estos casos, la Administración podrá facilitar a los internos los billetes en el medio de transporte adecuado.

Salida a consulta o ingreso en Centros Hospitalarios NO penitenciarios.

Se seguirán los mismos trámites que para los desplazamientos de detenidos y presos con los mismos fines.

Excepciones: Penados clasificados en segundo y tercer grado a quienes puede concederse, (art. 155.4 y 5 del R.P.)

  • Permisos extraordinarios de salida de hasta doce horas para consulta ambulatoria extrapenitenciaria.
  • Permisos extraordinarios de hasta dos días cuando deban ingresar en un hospital extrapenitenciario. Si el interno tuviera que permanecer ingresado más de dos días la prolongación del permiso por el tiempo necesario deberá ser autorizada por el Juez de Vigilancia cuando se trate de penados clasificados en segundo grado o por el Centro Directivo para los clasificados en tercer grado.

Estos permisos se concederán:

  • SIN sometimiento a control ni custodia, cuando se trate de penados clasificados en tercer
  • En régimen de autogobierno para los clasificados en segundo grado que disfruten habitualmente de permisos ordinarios de salida

Traslados de penados de un Establecimiento de cumplimiento a otro (art. 31 RP).

Corresponde a la SGIP ordenar los traslados correspondientes en base a las propuestas formuladas al efecto por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el Director o el Consejo de Dirección.

Los traslados se notificarán, si se trata de penados, al Juez de Vigilancia, y, si se trata de detenidos y presos a las autoridades a cuya disposición se encuentren.

Traslado de penados a departamentos de régimen cerrado (Art. 95 RP)

El traslado de un penado desde un Establecimiento de régimen ordinario o abierto a un Establecimiento de régimen cerrado o a uno de los departamentos especiales, competerá al Centro Directivo mediante resolución motivada, previa propuesta razonada de la Junta de Tratamiento.

De este acuerdo se dará conocimiento al Juez de Vigilancia Penitenciaria dentro de las 72 horas siguientes a su adopción; y se notificará al penado dicha resolución (mismo plazo), mediante entrega de copia de la misma, con expresión del recurso que puede interponer ante el JVP.

Mediando motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión, el traslado del penado a un Establecimiento de régimen cerrado podrá acordarse por el Centro Directivo, aunque no se haya producido resolución clasificatoria en primer grado, que, en todo caso, deberá efectuarse dentro de los 14 días siguientes, dando cuenta inmediatamente del traslado al JVP.

Traslados por motivos educativos (Art. 121 RP)

El Centro Directivo podrá conceder, previo informe de la Junta de Tratamiento, traslados de Establecimiento por motivos educativos, siempre que el interno presente la solicitud con la debida antelación y no existan razones de seguridad que lo desaconsejen.

En caso de traslado de un recluso a otro Centro penitenciario por cualquier motivo, se incluirá en su expediente personal el historial escolar del mismo.

COMUNICACIÓN DEL TRASLADO A FAMILIARES Y AL ABOGADO.

El art. 52.3 de la LOGP y el art. 41.3 del RP, reconocen el derecho de los internos a comunicar inmediatamente a su familia y Abogado su traslado a otro Establecimiento Penitenciario en el momento del ingreso del mismo.

  • ACORDARSE… Ver entrada “Traslados (I)”
  • Conceptos:
  • Traslados a otro Centro.
  • Desplazamientos para asistir a diligencias judiciales, y consultas o ingresos hospitalarios.
  • Regulación: arts. 31 a 40 del R.P. y art. 79 L.O.G.P.
  • Autorización de traslados y desplazamientos: Centro Directivo de Instituciones Penitenciarias (SGIP). Ver orden de delegación de Competencias en los Directores.
  • Realización conducción: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado/Comunidades Autónomas.
  • Control judicial de los traslados: Juez Vigilancia Penitenciaria en caso de penados o las autoridades judiciales a cuya disposición se encuentren si se trata de detenidos y presos.

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