REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Por revocación del acto administrativo debe entenderse la retirada del acto por parte de la Administración sin que se haya interpuesto recurso por parte del interesado. Supone la decisión de la Administración de cancelar jurídicamente un acto anterior.

La revocación puede darse por motivos de legalidad, en el caso de que el acto esté viciado de nulidad o anulabilidad, pero también por motivos de oportunidad.

REVOCACIÓN POR MOTIVOS DE LEGALIDAD:

A.- La revocación en caso de nulidad de pleno derecho: revisión de oficio

La potestad de revisión de oficio es un privilegio de las Administraciones Públicas que les permite anular sus propios actos sin necesidad de acudir a los Tribunales. La potestad está atribuida con carácter general a todas las Administraciones Públicas (Arts. 106 y 107 Ley 39/2015) y debe fundamentarse en un vicio de nulidad de pleno derecho.

En cuanto al procedimiento, cabe que sea iniciada de oficio o a solicitud del interesado. En este sentido, la ley permite solicitar la revisión de oficio a los interesados sin límite temporal alguno cuando concurran los siguientes requisitos:

  • Fundamentando la solicitud en que el acto viciado está incurso en las causas de nulidad del art. 47.1 Ley 39/2015.
  • Que ponga fin a la vía administrativa o contra el que no se haya interpuesto en plazo el correspondiente recurso administrativo (art. 106.1 Ley 39/2015).

De rechazarse o inadmitirse su pretensión, el interesado puede hacerla valer ante los Tribunales de lo Contencioso-administrativo.

No obstante, el ejercicio de las facultades de la potestad de revisión de oficio de los actos administrativos tiene límites: «no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes» (art. 110 Ley 39/2015).

Una vez iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 108 Ley 39/2015).

Se requiere el dictamen preceptivo y favorable del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma correspondiente.

El órgano encargado de la revisión de oficio podrá inadmitir a trámite motivadamente las solicitudes que no se basen en alguno de los vicios de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales, sin necesidad de recabar el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

La resolución debe dictarse en el plazo de tres meses desde su inicio, en caso contrario, el silencio determina la caducidad del procedimiento si éste se inició de oficio, o tendrá efectos negativos si se inició a instancia de parte, entendiéndose desestimada la solicitud a efectos de deducir el correspondiente recurso jurisdiccional.

B.- Revocación en caso de anulabilidad (art. 48 Ley 39/2015). Declaración de lesividad de actos anulables

Se refiere a los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al art. 48 de la Ley 39/2015.

Las Administraciones Públicas no pueden proceder directamente a su revocación sino que a fin de proceder a su ulterior impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa deberá declarar el acto favorable lesivo para el interés público. La declaración de lesividad debe motivar que los actos producen efectiva lesión a los intereses públicos.

En cualquier caso, la declaración de lesividad debe hacerse en el plazo de cuatro años desde que el acto se dictó (art. 107.5 de la Ley 39/2015) y debe darse audiencia a los interesados en el acto a revisar.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de lesividad es el de tres meses, transcurridos los cuales se producirá su caducidad (art. 107.3 Ley 39/2015). Declarada la lesividad, la Administración deberá interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la declaración de lesividad.

REVOCACIÓN POR MOTIVOS DE OPORTUNIDAD: REVOCACIÓN DE ACTOS DESFAVORABLES

Los actos desfavorables o de gravamen pueden ser objeto de revocación conforme al art. 109 de la Ley 39/2015. La retirada por parte de la Administración de actos de gravamen o desfavorables se flexibiliza considerablemente en la LPACAP, que habilita a la Administración para revocar este tipo de actos en cualquier momento, sin que se exijan especiales trámites (como el Dictamen de órganos superiores consultivos), aunque sí deberán cumplirse determinados requisitos para el ejercicio de esta potestad: que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

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