Tramitación simplificada del procedimiento administrativo

Una de las novedades que nos ofrece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es la generalización de la tramitación simplificada a cualquier procedimiento administrativo, agrupada en torno a su art. 96.

Esta innovación no es baladí, pues pasamos de disponer de una posible tramitación simplificada o abreviada en sólo dos materias (responsabilidad patrimonial y ejercicio de la potestad sancionadora), a, en principio, poder ser aplicada a cualquier procedimiento administrativo, con independencia del ámbito de que se trate.

Ahora bien, se han de cumplir una serie de requisitos ineludibles, que pasamos a analizar brevemente:

ÁMBITO OBJETIVO: Esto es, ¿cuándo podemos tramitar por la vía simplificada un procedimiento administrativo? El art. 96.1 de la LPACAP señala literalmente “por razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento lo aconsejen”.

PLAZO: el procedimiento administrativo debe ser resuelto en el plazo improrrogable de 30 días.

CONTENIDO: el procedimiento administrativo simplificado única y exclusivamente puede contar con un conjunto limitado de trámites, regulado a modo de numerus clausus, que esta singular tramitación no puede exceder bajo ningún pretexto. Estos trámites son los siguientes:

  1. Inicio (de oficio o a instancia del interesado)
  2. Subsanación de la solicitud presentada, en su caso
  3. Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días
  4. Trámite de audiencia (sólo en caso de ser desfavorable para el interesado la posterior resolución)
  5. Informe del servicio jurídico (cuando sea preceptivo)
  6. Informe del Consejo General del Poder Judicial (cuando sea preceptivo)
  7. Dictamen del Consejo de estado u órgano equivalente de la comunidad autónoma (cuando sea preceptivo)
  8. Resolución

Si comparamos la tramitación simplificada con la ordinaria, podemos observar cómo, entre otros, no pueden llevarse a cabo trámites como la proposición de pruebas, ni su práctica, informes que no sean preceptivos, información pública ni propuesta de resolución.

Del contenido del art. 96 de la LPACAP podemos extraer tres incidencias que determinan el fin de la tramitación simplificada y la continuación del procedimiento administrativo por la vía ordinaria:

  • Oposición por alguno de los interesados en los procedimientos iniciados de oficio (salvo en los procedimientos sancionadores, en los que no cabe tal oposición)
  • Cuando el procedimiento exija algún trámite no previsto para la tramitación simplificada
  • Cuando así lo estime el órgano competente para su tramitación, siempre antes de la resolución

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.