Detención Incomunicada

Es esta una situación de carácter excepcional, en virtud de la cual el juez de guardia puede acordar que un detenido quede incomunicado.  La regulación legal de esta posibilidad intensamente restrictiva se contempla en el art. 509 de la LECr.:

El Juez de Instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  • necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una persona, o
  • necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.

Tiene la finalidad de evitar que el detenido pueda realizar llamadas de teléfono o mantener conversaciones con personas que le visiten y pueda trasladarles algún tipo de información que dificulte de modo grave el desarrollo de la investigación judicial. Incluso, de no acordarse esta incomunicación, en algún caso podría darse el riesgo de que traslade a otras personas los datos de la víctima que le ha denunciado o de cualquier otra personas para atentar contra ellas, contra su vida, la libertad o integridad física. Igualmente, se trata de evitar la destrucción de pruebas del delito o dar instrucciones para que se cometan otros nuevos, si con ello se compromete gravemente el proceso penal.

No obstante, pese a la concurrencia de las circunstancias citadas, si el detenido fuera menor de dieciséis años en ningún caso se acordará la incomunicación.

DURACIÓN DE LA INCOMUNICACIÓN

La incomunicación durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días.

En los casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días.

ESPECIALIDAD DE LA INCOMUNICACIÓN DE DETENIDOS EN EL CASO DE DELITOS TERRORISTAS

Se admite que de forma excepcional se amplíe el plazo en los casos que la detención se haya practicado por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más personas. En este caso se permite que el plazo se amplíe a otros cinco días.

Este carácter excepcional de la medida exige que se motiven de forma debida las razones por las que se acuerda. El auto en el que sea acordada la incomunicación o, en su caso, su prórroga deberá expresar los motivos por los que haya sido adoptada la medida.

También en el art. 520 bis.2 de la Ley se recoge que:

Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de veinticuatro horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en los arts. 520 y 527, hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente.

LIMITACIONES DE LA INCOMUNICACIÓN DEL DETENIDO

Se recoge en el art. 510 de la Ley que:

  1. El incomunicado podrá asistir con las precauciones debidas a las diligencias en que le dé intervención esta ley cuando su presencia no pueda desvirtuar el objeto de la incomunicación.
  2. Se permitirá al preso contar con los efectos que él se proporcione siempre y cuando a juicio de juez o tribunal no frustren los fines de la incomunicación.
  3. El preso no podrá realizar ni recibir comunicación alguna. No obstante, el juez o tribunal podrá autorizar comunicaciones que no frustren la finalidad de la prisión incomunicada y adoptará, en su caso, las medidas oportunas.
  4. El preso sometido a incomunicación que así lo solicite tendrá derecho a ser reconocido por un segundo médico forense designado por el juez o tribunal competente para conocer de los hechos.

Por otro lado, se adicionan una serie de limitaciones en cuanto a la asistencia letrada que se recogen en el art. 527.1 de la Ley:

En los supuestos del art. 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:

  1. Designar un abogado de su confianza.
  2. Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.
  3. Entrevistarse reservadamente con su abogado.
  4. Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.

DERECHOS DEL DETENIDO INCOMUNICADO

Los derechos que se concederán al detenido son los fijados en el art. 520 de la Ley, a saber:

Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

  1. Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.
  2. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
  3. Derecho a acceder exclusivamente a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
  4. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.
  5. Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo.
  6. Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

Por ello, no tendrá derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, a las autoridades consulares de su país el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento ni a designar un letrado de su confianza que le asista, sino que se le designa de oficio, así como a acceder a la totalidad de las actuaciones de la causa.

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