Libertad Condicional

La libertad condicional, con anterioridad a la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, es una forma específica de cumplimiento del período de la pena de privación de libertad impuesta, se trata también de un medio que incide o debería incidir en la individualización del tratamiento de la persona presa, es decir, un instrumento que sirve como garantía del interno frente al ordenamiento jurídico y a la sociedad, de reinserción y rehabilitación tras analizar y corregir las circunstancias que le llevaron a la comisión del delito. No obstante, con la Ley Orgánica 1/2015 en vigor, aunque se mantiene la misma rúbrica del capítulo III del Código Penal, la libertad condicional se prevé ahora como una modalidad de suspensión por lo que la naturaleza jurídica de la libertad condicional ha sufrido cambios.

Ambos institutos –suspensión y libertad condicional– deberían tener fundamentos distintos en tanto en cuanto mientras la suspensión pretende evitar el ingreso en prisión, la libertad condicional se concede una vez se ha permanecido un período en prisión. Es decir, la suspensión se concede cuando se considera que el ingreso en prisión puede ser contraproducente para una persona y la libertad condicional se concede en base a un pronóstico de reinserción favorable, para seguir con el proceso resocializador.

Ello supone que el legislador ha atribuido a la libertad condicional el régimen de la suspensión pero sin darle entidad jurídica propia suficiente a la libertad condicional, por lo que se ha llegado a la desnaturalización de la libertad condicional (Guisasola Lerma, 2015, pág. 382).

El art. 90 del Código Penal establece determinados requisitos para la concesión de la libertad condicional que han de concurrir, sin embargo, previa a la concesión se ha de acordar la suspensión de la ejecución. Es decir, el Juez de Vigilancia Penitenciaria acordará la suspensión del cumplimiento de la pena y entendemos que, automáticamente, concederá la libertad condicional.

Consecuencias de la reforma operada es que la libertad condicional pasa a ser una modalidad de la suspensión. Y como tal, el tiempo transcurrido en régimen de libertad condicional no computará como tiempo de ejecución de la pena de prisión, al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora. Dicho de otro modo, si durante el tiempo de suspensión de la condena el Juez revoca la libertad condicional (bien por comisión de nuevo delito, bien por incumplimiento grave de las condiciones impuestas), el penado deberá cumplir toda la pena que le restaba, sin que el tiempo que ha pasado en situación de libertad condicional sea tenido en cuenta.

De hecho, la pérdida del tiempo pasado en libertad condicional, que en un primer momento se contempló como excepción únicamente aplicable a condenados por terrorismo (antiguo art. 90.3 CP), se contempla ahora como norma general para la totalidad de la población penitenciaria.

Por lo tanto, se puede entender que el penado tendrá derecho a ser oído acerca de qué régimen de libertad condicional estima más favorable a su situación, tal y como se deriva del art. 2.2 del Código Penal (“en caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo») y de la propia disposición transitoria 1ª de la Ley Orgánica 1/2015 (“En todo caso, será oído el reo”). Evidentemente, solo deberían pronunciarse los penados condenados por hechos cometidos antes de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal por la LO 1/2015, dado que los hechos cometidos con posterioridad a la vigencia de ésta no ofrecerían duda alguna sobre qué legislación aplicar. Y en todo caso, si el penado entiende que son más favorables las normas vigentes en el momento en que cometió los hechos, éstas se tendrían que aplicar en bloque. Es decir, no se podría exigir la aplicación de la nueva modalidad de adelantamiento de la libertad condicional a la mitad de la condena del actual art. 90.3 del Código Penal y a la vez el régimen de revocación más favorable del antiguo art. 90.3 Código Penal.

La reforma introducida en esta materia por la LO 1/2015, mantiene las modalidades de libertad condicional existentes, aunque también cambia sus requisitos y condiciones; e incorpora una nueva modalidad para condenados a penas de hasta tres años de prisión y regula la libertad condicional en los supuestos de condena a prisión permanente revisable.

Las modalidades de libertad condicional que se encuentran en vigor son:

1) Libertad condicional ordinaria;

2) Libertad condicional a las 2/3 partes y anticipada;

3) Libertad condicional extraordinaria;

4) Libertad condicional de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o delitos de terrorismo;

5) Libertad condicional en algunos casos de múltiples condenas;

6) Libertad condicional de enfermos y septuagenarios;

7) Libertad condicional de condenados a prisión permanente revisable;

8) Libertad condicional en casos de condenados extranjeros.

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