Principio de Flexibilidad.

Se trata de una novedad introducida por el R.P. de 1996 en su art. 100.2, para potenciar el sistema de individualización científica.

“No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grado, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del JVP correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad”.

Este principio permite la posibilidad de combinar aspecto de uno y otro grado con la finalidad de que la clasificación penitenciaria se flexibilice lo más posible para que el tratamiento sea lo más individualizado al interno.

Señalar que su utilización no permite aplicar criterios de grados inferiores a superiores, pues ello limitaría el status jurídico-penitenciario del penado más allá de lo que permite la ley, vulnerando así el principio de legalidad. Lo que sí es posible, es su aplicación para ampliar derechos, y por tanto la posibilidad de aplicar aspectos de grados superiores a inferiores.

La aplicación del artículo 100.2 R.P. permite crear dos modalidades de aplicación del artículo 100.2 R.P., según circular 1/2005, siendo la primera la modalidad de segundo grado con aspectos característicos del tercero, y la segunda aquella donde se aplican aspectos del régimen de vida ordinario a aquellos internos que están en régimen cerrado.

Este principio de flexibilidad lo encontramos también recogido en la Instrucción 9/2007 sobre la Clasificación y destino de penados, en la cual se resalta su utilidad para la mejor consecución del principio de individualización científica.

Este principio de flexibilidad supone una excepción del principio de correlación de grado-régimen pues, en el caso que nos atañe, un interno estará clasificado en segundo grado pero estará disfrutando de un régimen de vida semi-abierto, en vez del régimen ordinario que le correspondería. Como bien dice el propio artículo, la fundamentación del mismo reside en la ejecución de un determinado programa de tratamiento que, sin su aplicación, no podría ser llevado a cabo.

El principio de flexibilidad combina aspectos del régimen abierto al segundo grado se fundamenta legalmente en base al principio de resocialización y en base también el principio de instrumentalidad del régimen al servicio del tratamiento.

La aplicación práctica del 100.2 R.P. por parte de la administración penitenciaria supone:

La propuesta para su aplicación a un interno la realiza el Equipo de Tratamiento a la Junta de Tratamiento, y mediante un “Acuerdo de Junta”, que puede ser unánime o por mayoría, la Junta expone los motivos por los cuales considera favorable su concesión.

La propuesta realizada debe comunicarse al JVP correspondiente al centro penitenciario que la propone, que se manifestará a favor o en contra de su aprobación. Si se manifiesta a favor, el interno continuará disfrutando de este régimen flexible; si por el contrario el JVP considera que no hay motivos para su concesión, la aplicación del art. 100.2 R.P. se revocará y el interno volverá a disfrutar del régimen ordinario.

El artículo 100.2 RP no constituye un grado penitenciario, y se aplica de manera excepcional.

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