Violencia de género y reforma del Código Penal:

La Ley Orgánica 1/2015 que se publicó en fecha 31/03/2015 y que entró en vigor el 30/6/2015, ha supuesto una importante reforma del Código Penal. Entre las diversas reformas acometidas por esta ley, se encuentra un reforzamiento de las medidas existentes contra los actos de violencia de género. Las novedades más importantes son las siguientes:

– Se incorpora el concepto «género« como un motivo de discriminación dentro de la agravante del artículo 22.4 del Código Penal.

“Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”

La razón consiste en que, nuestro legislador, considera que los actos de violencia de género pueden constituir un fundamento de acciones discriminatorias diferentes de las que abarca la referencia al sexo. Hasta ahora la agravante de la conducta del autor de un delito se cifraba en conductas que supusieran discriminación por razón de raza, religión, sexo, etc…, y se añade, con esta reforma, también a los actos de discriminación por razón de “género».

– La reforma supone asimismo ampliar el ámbito de aplicación de la medida de libertad vigilada. Esta  medida también supone que se podrá imponer contra todos los delitos contra la vida, y en los delitos de malos tratos y lesiones cuando se trate de víctimas de violencia de género y de violencia doméstica.

La libertad vigilada aplicada a los delitos de violencia de género salvará situaciones en las que se incrementa el riesgo de la víctima, justo en el momento de la condena y la pena queda suspendida habiéndose ya liquidado y extinguido la pena de alejamiento o de prohibición de comunicación por haberse impuesto medida cautelar. Salvará además situaciones de vulnerabilidad después del cumplimiento de la pena.

– Por otro lado, la desaparición de las faltas y la adecuación de los tipos penales que dicha desaparición ha conllevado, en lo relativo a los actos de violencia de género y doméstica no se va a exigir que exista esta denuncia previa, como tampoco se exigirá la denuncia previa para el nuevo delito de acoso.

– Con esta reforma también se modifica los criterios a tener en cuenta para la imposición de penas de multa a los autores de actos de violencia de género. La reforma establece que, con carácter general, sólo será posible la imposición de penas de multa cuando conste acreditado que entre agresor y víctima no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o existencia de una descendencia común.

Se corrige con esto una práctica que se venía desarrollando y que perjudicaba a las víctimas, ya que al imponer una pena de multa al agresor, éste la sufragaba en la mayoría de las ocasiones a costa del patrimonio común del agresor y la víctima, lo que suponía un empobrecimiento de la propia víctima.

Manipulación de los dispositivos telemáticos, también llamadas pulseras. Se castiga la inutilización o perturbación del funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento. La rotura de los mecanismos de control revela una mayor energía criminal, por lo que parece adecuada una respuesta penal más contundente. La pena de multa que corresponderá a estos hechos seré de seis a doce meses, (nuevo apartado 3 del artículo 468 del Código Penal).

– El nuevo tipo de acoso, hostigamiento, acecho  o stalking. Dentro de los delitos contra la libertad, se introduce un nuevo tipo penal (art. 172  ter) destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Se trata de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento.

En la actualidad nos encontramos con supuestos muy frecuentes en los que la mujer no ha sufrido episodios de malos tratos durante su relación, pero cuando se produce la ruptura y el hombre no lo acepta, comienza a acosarla con whatsapps y llamadas, a vigilarla y perseguirla…con la intención de “hacerla entrar en razón” y conseguir que su pareja vuelva con él. En otras ocasiones estas conductas son el primer paso de la escalada de actos paulatinamente más violentos.

Divulgación no autorizada de imágenes o sexting (art. 197.4). Con este nuevo precepto se trata de cubrir la laguna de punición, actualmente existente, que se produce cuando las imágenes o grabaciones de una persona se hubieran obtenido con su consentimiento en un lugar que queda fuera del alcance de un tercero, pero que después se difunden o ceden a terceros sin su consentimiento, cuando la divulgación lesione gravemente su intimidad.

Se pena tanto a quien haya protagonizado y grabado una relación íntima con consentimiento con un tercero y lo difunda sin consentimiento, como al que reciba esas imágenes de otra persona y las difunda, como el caso del internauta que rebota simplemente esas imágenes sin haber participado en la grabación pero sí las difunde.

Embaucamiento (art. 183 ter 2). La protección de los menores frente a los abusos cometidos a través de Internet u otros medios de telecomunicación, debido a la facilidad de acceso y el anonimato que proporcionan, se completa con un nuevo apartado en el artículo 183 ter del Código Penal destinado a sancionar al que a través de medios tecnológicos contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas.

– Por ultimo hacer referencia a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, que en su Artículo 1.1 establece como objeto de la misma “el actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia», y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.

 

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