Medios coercitivos

Como principio general, en el sistema penitenciario español existe una prohibición general de malos tratos. Sin embargo, hay ocasiones en las que, en base a diferentes fundamentos, está legitimado el uso de la fuerza.

Los supuestos de empleo de este tipo de medios están limitados a los casos enumerados por el art. 45.1 de la LOGP:

a) Para impedir actos de evasión o de violencia de los internos,

b) Para impedir daños de los internos a sí mismos, o a otras personas o cosas y

c) Para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo.

Competencia para su uso y control judicial

El inspirador de la LOGP, Carlos García Valdés, consideró que, en base al art. 45 LOGP, la competencia para la utilización de los medios coercitivos corresponde “exclusivamente” al Director, titular o accidental, y en casos de urgencia al Jefe de Servicios y funcionarios de servicio interior (García, 1982). Esta distinción entre los supuestos normales (previa autorización del director) y los urgentes (con autorización previa del Jefe de Servicio o sin autorización previa) es reconocida pacíficamente por la doctrina (Téllez, 1998).

En supuestos normales la competencia para autorizar el empleo de medios coercitivos recae en el Director del Establecimiento (45.1 LOGP y 72.3 RP 1996).

En cuanto a los supuestos de urgencia, parece obvio que no es posible participar previamente al Director la existencia de una situación de riesgo inminente o de daño que aconseje el empleo de estos medios, por lo que tras proceder coercitivamente “se comunicará inmediatamente al Director“(45.2 LOGP). El empleo de estos medios en situaciones de urgencia podrá decidirlo el Jefe de Servicios a quien compete “adoptar provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y buen funcionamiento de los servicios regimentales, dando cuenta de ellas al Director” (art. 283 RP 1996 y con la misma redacción el art. 287.2.6ª RP 1981, precepto que se mantiene vigente, con rango de resolución del Centro Directivo, (Disposición Transitoria 3ª del Reglamento Penitenciario de 1996). Y quien dice Jefe de Servicios, dice sin más funcionarios, pues obviamente cuando no está presente o no es posible recibir instrucciones del citado Jefe de Servicios es razonable que “los funcionarios de servicio pueden llevarla a cabo con carácter provisional «ante la urgencia de la situación», dando cuenta inmediata al Director, (art. 45,2 LOGP en relación con el art. 76,6 RP)” (STC 129/1995, 11 de septiembre).

Esto mismo ha sido consagrado en el art. 71.2 RP 1996 al indicar que “cuando los funcionarios, con ocasión de cualquiera de las medidas de seguridad enumeradas en los artículos anteriores [observación de internos, registros, cacheos, recuentos], detecten alguna anomalía regimental o cualquier hecho o circunstancia indiciario de una posible perturbación de la vida normal del Centro, lo pondrán inmediatamente en conocimiento del Jefe de Servicios, sin perjuicio de que, en su caso, hagan uso de los medios coercitivos a que se refiere el artículo siguiente”.

El tenor de la LOGP (art. 45.2) señala expresamente que tal tipo de actuaciones ha de comunicarse “inmediatamente al Director”, el cual, a su vez, tiene obligación de poner tal hecho en conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, por considerarse que “la gravedad de los medios coercitivos, de carácter excepcional a que alude el artículo en su texto, hace preciso que las medidas adoptadas se pongan en conocimiento de la Autoridad judicial”.

Como señala la STC 129/1995, de 11 de septiembre, la utilización de medios coercitivos es “un acto sometido al principio de legalidad y al ulterior control encomendado al Juez de Vigilancia Penitenciaria -art. 76,2 e) LOGP-, para corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse”. Por tanto, es obligado poner en conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria las ocasiones de empleo de tales medios coercitivos (45.2 LOGP).

La comunicación será inmediata, dando cuenta de la adopción y cese del empleo de estos medios “con expresión detallada de los hechos que hubieran dado lugar a dicha utilización y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento” (72.3 RP 1996).

El Director deberá remitir a tales efectos la siguiente documentación (Fernández, 1995):

1º. Oficio de notificación de la aplicación del medio, con identificación del interno al que ha afectado, expresión del medio o medios utilizados y hora de inicio y cese de la medida;

2º. Parte de hechos firmado por los funcionarios intervinientes circunstanciando los hechos que lo motivaron y

3º. Parte médico del interno y de los funcionarios que recoja las eventuales lesiones, que permitirá al Juez evaluar la proporcionalidad del uso del medio coercitivo.

La puesta en conocimiento del art. 45.2 LOGP o la comunicación a que se refiere el art. 72.3 RP 1996, comporta ni más ni menos que el reconocimiento a la autoridad judicial de la plena competencia para resolver sobre el fondo del asunto, pudiendo en su caso dejar sin efecto la decisión administrativa, si ello fuera ya posible (Téllez, 1998; Fernández, 2001). Es decir, la puesta en conocimiento tiene por objeto que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria pueda adoptar la resolución que en cada caso proceda (AJVP Santander, 11.11.1997). Obviamente en el caso de que el empleo del medio coercitivo ya hubiere finalizado y el JVP estimare improcedente su empleo, cabría apercibir a la Dirección del Centro para que no repita tal tipo de actuación, con remisión del testimonio a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Tamarit, 1996).

Lo anterior es “sin perjuicio de que el órgano judicial, caso de no producirse esta comunicación, pueda conocer la adopción de la medida en virtud de una queja del interno afectado (art. 76.2 g LOGP y art. 134.3 RP) y ésta dar lugar a una resolución judicial (ATC 133/83)” (STC 129/1995, 11 de septiembre).

A pesar de que la dicción del art. 45.2 LOGP indica que el empleo de medios coercitivos en situaciones de urgencia será puesto en conocimiento del Juez de Vigilancia, igual previsión ha de adoptarse cuando no se den supuestos de urgencia. Así se deduce del tenor del art. 72.3 RP 1996 que no distingue entre unos y otros supuestos (Téllez, 1998). Ya la doctrina había advertido que tanto cuando la respuesta coercitiva de la Administración fuera “cuasi-inmediata” como “inmediata” era preceptivo poner en conocimiento del JVP el empleo de estos medios (Grijalba, 1986).

Por otro lado la comunicación al Juez ha de ser inmediata. Algún pronunciamiento habla de “un plazo nunca superior a 24 horas” (AJVP Málaga, 23.1.1992).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.