Principios incorporados a la Ley Organica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

Los postulados generales que sirven de base y orientan la actividad del Estado en la regulación y ejecución de la sanción penal impuesta por un órgano jurisdiccional en pro de su correcto desenvolvimiento administrativo y judicial, sirven como guía de interpretación y aplicación de la ley penitenciaria, serán las directrices que deberá de tomar en cuenta el legislador al redactar y reformar las políticas legales. Los principios generales que se introdujeron por la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria fueron:

1.- Finalidad resocializadora de la pena de privación de libertad.

La reinserción social o resocialización del delincuente constituye, con diversos matices, la finalidad esencial de la pena para la Ciencia penitenciaria del momento. Según GARCÍA VALDÉS, este principio alcanzó rango constitucional en punto segundo del Art. 25 del texto Constitucional.

2.- Principio de legalidad, reconocido expresamente en su Art. 1.1.

“La actividad de las Instituciones penitenciarias se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por las leyes, reglamentos y resoluciones judiciales”.

El principio de legalidad penitenciaria constituye una aplicación concreta del principio de ejecución penal en su conjunto, forma pilar y presupuesto del Estado de Derecho y da legitimidad al ejercicio del ius puniendi, excluyendo la práctica de cualquier conducta arbitraria en este ámbito que afecte a la esencia misma de los derechos fundamentales como persona.

3.- Respeto de la personalidad y derechos del recluso:

“La actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena”.

Queda terminantemente prohibida cualquier forma de tortura y los actos y procedimientos vejatorios en la ejecución de las penas.

4.- Principio de igualdad:

La gestión penitenciaria se ejercerá sin diferencia alguna por razón de raza, opinión, creencia religiosa, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga significación.

5.- Principio de Intervención mínima:

“El cumplimiento de las penas o medidas privativas de libertad no ocasionará al interno otras privaciones o limitaciones que las que se deriven de la necesidad de alcanzar los fines atribuidos a aquéllas y las que exijan el buen orden y régimen del establecimiento”.

6.- Principio de pertenencia a la sociedad:

“Principio cardinal será la consideración de que el interno no está excluido o marginado de la sociedad, sino que continúa formando parte de ella”.

El interno ostentará los derechos y obligaciones que corresponden a todo ciudadano por el hecho de serlo en tanto no sean incompatibles con la condena. Además se le ha de prestar las debidas asistencias médica, religiosa, social, educativa, formativa y laboral en semejantes condiciones a las de la vida libre.

7.- Principio de presunción de inocencia.

“El régimen de prisión preventiva tiene por objeto retener al interno a disposición de la autoridad judicial. El principio de la presunción de inocencia presidirá el régimen penitenciario de los preventivos.”

8.- Principio de control jurisdiccional de la actividad penitenciaria.

Configura los jueces de vigilancia penitenciaria como los órganos jurisdiccionales a los que corresponde asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se pueden producir en el cumplimiento de aquéllas, así como de las decisiones que sobre dicha ejecución puede adoptar la Administración penitenciaria.


En definitiva, «nuestras prisiones mejorarían sensiblemente su papel en la sociedad si lograsen -simplemente- que el liberado no salga peor que entró en las mismas, ni en peores condiciones para llevar una vida digna en libertad.»  (LANDROVE, Gerardo. Catedrático de Derecho Penal)

 

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